+54 (11) 4515-9200 info@jpof.com.ar
Novedades normativas en Derecho Aduanero del día 27 de abril de 2020

Novedades normativas en Derecho Aduanero del día 27 de abril de 2020

Nos dirigimos a Uds. a efectos de informarles que en virtud de la Emergencia Sanitaria originada en la Pandemia causada por el nuevo coronavirus, se ha continuado con la publicación de normas en la línea del D.N.U. N° 297/2020 que decretó el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

Puntualmente, se han publicado en fecha 26/04/2020 en el Boletín Oficial de la República Argentina los Decretos N° 408/2020, N° 409/2020 y N° 410/2020 del Poder Ejecutivo Nacional que se proceden a reseñar brevemente:

Decreto N° 408/2020 (Vigencia desde el 27/04/2020 hasta el 10/05/2020):

  1. Prórroga:

Prorroga hasta el 15/05/2020 inclusive la vigencia del Dec. N° 297/2020, y el art. 2° Dec. N° 325/20[i].

  • Excepciones:

Otorga la potestad a los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias para decidir excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas actividades y servicios, en Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones bajo los siguientes requisitos:

  1. previa aprobación de la autoridad sanitaria local y
  2. siempre que se dé cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida, a los requisitos exigidos por los siguientes parámetros epidemiológicos y sanitarios:
    • El tiempo de duplicación de casos confirmados de Covid-19 no debe ser inferior a 15 días. Este requisito no será requerido si, por la escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el mencionado cálculo.
    • El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la potencial demanda sanitaria.
    • Debe existir una evaluación positiva de las autoridades sanitarias respecto del riesgo socio-sanitario con relación a la densidad poblacional del área geográfica involucrada.
    • La proporción de personas exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio, no podrá superar el 50% de la población total del Departamento o Partido, según corresponda.
    • El Departamento o Partido comprendido en la medida no debe estar definido por la autoridad sanitaria nacional como aquellos “con transmisión local o por conglomerado”.

En caso de que el departamento o partido comprendido en la medida no cumpla con uno o más de los indicadores epidemiológicos y sanitarios señalados, no se podrá disponer la excepción respecto del mismo. Esta prohibición alcanzará a todo el aglomerado urbano que incluye sus zonas lindantes.

Al autorizar una excepción, se deberá implementar previamente un protocolo de funcionamiento cumpliendo las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad, nacionales y locales. Asimismo se debe ordenar la inmediata comunicación al Ministerio de Salud de la Nación.

  • Actividades y Servicios Prohibidos de excepción:

No podrán incluirse como excepción en los términos ya indicados, las siguientes actividades y servicios:

  • Dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades.
  • Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que implique la concurrencia de personas.
  • Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas.
  • Transporte público de pasajeros interurbano, Interjurisdiccional e internacional.
  • Actividades turísticas; apertura de parques, plazas o similares.
  • Áreas geográficas/demográficas excluidas de las excepciones:

No será de aplicación las excepciones del presente decreto en:

  • los aglomerados urbanos con más de 500.000 habitantes, ubicados en cualquier lugar del país,
  • ni tampoco respecto del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)[ii].

El Jefe de Gabinete podrá incluir en esta prohibición a aglomerados urbanos que tengan menos de 500.000 habitantes o excluir a otros que superen esa cantidad de población, atento la evolución epidemiológica específica del lugar y previa intervención de la autoridad sanitaria nacional.

  • Monitoreo de las excepciones:

Las jurisdicciones provinciales que dispusieren excepciones en marco de este decreto, deberán, conjunto al Min. De Salud de la Nación monitorear la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria.

Semanalmente las autoridades sanitarias locales deberán remitir a la autoridad sanitaria nacional, un “Informe de Seguimiento Epidemiológico y Sanitario COVID-19” (ISES COVID-19) conteniendo la información que esta les requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario para atender a la población. Si las autoridades locales detectaren un signo de alerta epidemiológico o sanitario, deberán comunicarlo de inmediato a la autoridad sanitaria nacional.

El Min. De Salud de Nación monitoreará la evolución epidemiológica y sanitaria. De detectar una situación de riesgo epidemiológico/sanitario, debe recomendar inmediatamente al Jefe de Gabinete, adoptar las medidas pertinentes para contener la transmisión del virus, pudiendo incluso recomendar dejar sin efecto la excepción.

El Jefe de Gabinete podrá disponer el cese de las excepciones dispuestas del presente decreto, respecto de la jurisdicción provincial que:

  • incumpla con la entrega del Informe de Seguimiento Epidemiológico y Sanitario requerido o
  • incumpla con la carga de información exigida en el marco del “Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológico y Sanitario – COVID-19” (MIRES COVID-19).

El Jefe de Gabinete podrá, en cualquier momento, por recomendación de la autoridad sanitaria nacional, dejar sin efecto las excepciones dispuestas del presente decreto.

  • Dispensa del deber de asistencia al lugar de Trabajo:

Se encuentran dispensados de asistir al lugar de trabajo [iii]los trabajadores y trabajadoras:

  • Mayores de 60 años de edad
  • embarazadas
  • personas incluidas en los grupos en riesgo  y
  • aquellas cuya presencia en el hogar sea indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente.
  • Salidas de esparcimiento.

Quienes deben cumplir el aislamiento social podrán realizar una breve salida de esparcimiento:

  • sin alejarse más de 500 metros de su residencia,
  • con una duración máxima de 60 minutos, en horario diurno y antes de las 20 horas.
  • Sin usar transporte público o vehicular y
  • Guardar en todo momento distanciamiento físico entre peatones (al menos 2 mts), salvo caso de niños/as de hasta 12 años de edad (deberán salir acompañados de una persona mayor conviviente).
  • No hacer aglomeramientos o reuniones y
  • Dar cumplimiento a las instrucciones generales de la autoridad sanitaria[iv].
  • Se recomienda el uso de cubre boca, nariz y mentón o barbijo casero.

Las autoridades locales dictaran las correspondientes normas reglamentarias y, atento a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos Departamentos o Partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán:

  • determinar uno o algunos días para ejercer este derecho,
  • limitar su duración y
  • suspenderlo.

Destacamos que ciertas autoridades han establecido su posición limitando el alcance de la medida, incluso previamente a la salida del decreto.[v]

  • Reglamentos y procedimientos:

Las autoridades de las jurisdicciones y organismos del sector público nacional, coordinadamente a sus pares de las jurisdicciones provinciales, de la CABA y las autoridades municipales, dispondrán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento del aislamiento social de los protocolos vigentes y de las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas complementarias.

Decreto N° 409/2020 (Vigencia desde el 27/04/2020 hasta el 10/05/2020):

Prorroga la vigencia del decreto 274/2020 sobre prohibición de ingreso al territorio nacional, de personas extranjeras no residentes en el país hasta el día 10 de mayo de 2020 inclusive.

Decreto N° 410/2020 (Vigencia desde el 27/04/2020 hasta el 10/05/2020):

Prorroga la suspensión del curso de los plazos dentro de los procedimientos administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, por el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 – T.O. 2017 y por otros procedimientos especiales, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan. Están exceptuados de la prorroga todos los trámites administrativos relativos a la emergencia. Y Faculta a las jurisdicciones, entidades y organismos contemplados en el artículo 8° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 a disponer excepciones a la prorroga.

Adjuntamos al presente el texto de las normas en comentario.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarles muy cordialmente,

Departamento de Derecho Aduanero y Régimen de Control de CambiosJP O’FARRELL ABOGADOS


[i] ARTÍCULO 2°.- Las trabajadoras y los trabajadores que no se encuentren alcanzados por ninguna de las excepciones previstas en el artículo 6° del Decreto N° 297/20, y deban cumplir con el “aislamiento social preventivo y obligatorio”, pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del sector público nacional, cualquiera sea su forma de contratación, deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, pero deberán realizar sus tareas, en tanto ello sea posible, desde el lugar donde cumplan el aislamiento ordenado, cumpliendo las indicaciones de la autoridad jerárquica correspondiente.

[ii] CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los siguientes CUARENTA (40) Municipios de la Provincia de BUENOS AIRES: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate.

[iii] en los términos de la res. 207/2020 MTEySS y su prórroga (Res. 296)

[iv] https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/prevencion

[v] La CABA, la Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe no autorizan las salidas recreativas: Los gobiernos hicieron la aclaración debido a que en las grandes capitales y otras ciudades con población superior a medio millón de habitantes hubo ciudadanos que se anticiparon a salir, incluso con sus hijos, pese a que aún no se había publicado el nuevo DNU del presidente.

Resolución N°63/2020 – Secretaría de Energía

Resolución N°63/2020 – Secretaría de Energía

La Resolución N° 63 de la Secretaria de Energía fue publicada en el Boletín Oficial de la Nación  el día 27/04/2020. La reciente Resolución dispone la ampliación del plazo para la acreditación de las siguientes auditorías y certificados de seguridad que se encuentran reguladas por las Resoluciones Nros. 349/93, 419/93, 404/94, 419/98, todas de la ex Secretaría de Energía del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, las Resoluciones Nros. 1.102/04, 785/05, 1.097/15, todas de la ex Secretaría de Energía del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y la Disposición N° 76/76 de la ex Subsecretaría de Combustibles de la ex Secretaría de Energía del Ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, y sus modificatorias y complementarias, con vencimiento desde el 17 de marzo de 2020 y hasta que las actividades en cuestión sean incorporadas al listado de actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, en los términos previstos en el Decreto  N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020; por el término de sesenta días corridos desde que tal declaración tenga lugar:

  1. Certificados de Aptitud Técnica y de Seguridad en Instalaciones alcanzadas por la Ley Nº 26.020 (plantas o instalaciones de gas licuado de petróleo automotor, aerosoles, productoras, procesadoras, distribución por redes, fraccionadoras de envases y granel, almacenadoras, consumidores independientes, depósitos, talleres y fabricantes).
  2. Auditorias sobre instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles sólidos minerales, líquidos o gaseosos, bocas de expendio de combustibles líquidos, de Gas Natural Comprimido y plantas de biocombustibles.
  3. Tanques de Almacenamiento de Hidrocarburos.
  4. Envases para contener Gas Licuado de Petróleo (GLP).
  5. Tanques cisterna para el transporte por vía pública de combustibles y gases licuados derivados del petróleo (Disposición Nº 76 de fecha 30 de abril de 1997 de la ex Subsecretaria De Combustibles de la ex Secretaría de Energía del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, modificatorias y complementarias).

Asimismo, la Autoridad de Aplicación podrá exceptuar de la ampliación del plazo de la acreditación de la auditoría de seguridad a la instalación o equipamiento que no cumpla con las condiciones mínimas de seguridad, en cuyo caso se notificará al responsable de manera fehaciente.

La reciente norma dispone que las empresas deberán presentar, dentro del plazo de DIEZ (10) días corridos de la entrada en vigencia de la presente resolución, una Declaración Jurada firmada por el representante técnico o representante legal de la instalación, manifestando que la misma está en condiciones técnicas y de seguridad para operar. En dicho informe se deberá incluir el detalle de las auditorías que se tenían programadas realizar y cuál sería su reprogramación. La Autoridad de Aplicación aprobará el nuevo cronograma, conforme a las características de cada instalación en particular.

Por otro lado, establece que en el supuesto que las auditorías y certificados de seguridad en instalaciones citadas en el Artículo 1° de la presente medida, no sean declaradas como actividades y servicios esenciales en la emergencia, en los términos previstos en el Decreto N° 297/20, la ampliación  del plazo dispuesto en el Artículo 1° será hasta el 1 de junio de 2020.

Señalamos que la Resolución N° 63 no suspende ni modifica las obligaciones vigentes en materia de seguridad y ambiente, las cuales deben ser especialmente cumplidas durante la vigencia de esta normativa de emergencia, bajo apercibimiento de aplicarse las sanciones contempladas en los respectivos regímenes. Asimismo, deberán dar inmediato aviso de cualquier situación que pudiese generar un incidente en materia de seguridad o ambiente. En cualquier momento mientras dure la prórroga del vencimiento del certificado o de la auditoría, esta Autoridad de Aplicación podrá requerir información adicional por parte del operador para verificar las condiciones de seguridad del equipo o establecimiento de que se trate.

Establece que los certificados de aprobación de proyectos o su modificación, de importadores y de prototipos, se podrá ampliar el plazo de la acreditación de los mismos mediante un informe realizado por las Entidades Auditoras debidamente habilitadas por esta Autoridad de Aplicación, para ser evaluado y en su caso aprobado por el Área Técnica correspondiente.

En su artículo 6 establece que Los certificados de reprueba decenal en envases de GLP (garrafas y cilindros) y tanques fijos de GLP y los certificados de reprueba quinquenal en tanques móviles de GLP, no se amplía el plazo de la acreditación en atención a su riesgo de aptitud asociado. Asimismo, en dicho artículo se destacar la indicación que el tanque fijo que se haya vencido deberá ser retirado de servicio. En consecuencia, si en una planta se ampliase el plazo de acreditación del certificado semestral y un tanque se encontrase vencido o a punto de vencer, dicho recipiente no podrá operar hasta tanto no se certifique.

Sobre el mismo artículo 6°, se informa que los talleres y fabricantes, podrán continuar trabajando cumpliendo lo antes expuesto, pero no podrán liberar los envases y/o tanques fijos o móviles que hayan rehabilitado o fabricado hasta cumplir con la auditoria correspondiente. Queda entendido que solo se amplía el plazo de acreditación del certificado del establecimiento no contemplando demás habilitaciones de instalaciones alcanzadas por las normativas de seguridad vigente.

Por último, en cuanto a las presentaciones indica que deberán realizarse a través de la Plataforma de Tramites a Distancia (TAD) y, de no encontrarse habilitado el trámite correspondiente, deberán dirigirse a los correos electrónicos que a tales efectos informará cada dirección.

El presente informe no debe considerarse como asesoramiento en relación a un tema en particular.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier información adicional y/o consulta con relaciona este tema.

JP O’FARRELL ABOGADOSDepartamento de Derecho Ambiental

Trámite abreviado de homologación de acuerdos por suspensiones art. 223 LCT.

Trámite abreviado de homologación de acuerdos por suspensiones art. 223 LCT.

En el día de hoy (30/04/20) se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 397/2020 del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación, mediante la cual se estableció un mecanismo de tramitación abreviado para las solicitudes de homologación de acuerdos por suspensión de tareas en el marco del art. 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

Estos acuerdos alcanzan a los trabajadores que se ven imposibilitados de prestar sus tareas habituales debido al cumplimiento del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Decreto N° 297/20, en el marco de la emergencia sanitaria generada por el Coronavirus covid-19.

En este contexto, es importante recordar que el pasado 27 de abril, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) alcanzaron un acuerdo refrendado por la cartera laboral, por medio del cual se establecieron las pautas que deberán cumplir los acuerdos por suspensiones (enmarcados en el art. 223 bis de la LCT) de aquellos trabajadores que no puedan prestar sus tareas habituales como consecuencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio vigente.

En dicho convenio se estableció lo siguiente:

  • El Plazo de vigencia de la suspensión no podrá ser superior a 60 días, con efectos a partir del 01/04/2020.
  • El importe a abonar por los empleadores como prestación no remunerativa en el marco de estas suspensiones no podrá ser inferior al 75% (setenta y cinco por ciento) del salario neto que le hubiese correspondido al trabajador en caso de haber continuado con la prestación de tareas.
  • Sobre el monto mencionado en el punto anterior deberán efectuarse la totalidad de los aportes y contribuciones establecidos por las leyes N° 23.660 y 23.661 (obra social y seguro de salud) , así como el pago de la cuota sindical correspondiente.
  • Los empleadores que apliquen estas suspensiones deberán mantener al personal contratado sin alteraciones mientras esté vigente el acuerdo.
  • No podrán ser incluidos en las suspensiones aquellos trabajadores que hayan acordado con su empleador la prestación de tareas de forma remota, ni aquellos que se encuentren dispensados de prestar tareas por encontrarse dentro de los grupos de riesgo informsdos por la Resolución 207/20 del Ministerio de Trabajo.

En línea con lo anterior, la Resolución 397/2020 aquí analizada dispone que aquellos acuerdos que sean presentados en forma conjunta por las entidades sindicales con personería gremial y las empresas, solicitando suspensiones en los términos del art. 223 bis de la LCT, serán homologados por el Ministerio de Trabajo de la Nación, siempre que cumplan con las pautas detalladas más arriba y acompañen el listado del personal afectado a dichas suspensiones. Asimismo, serán homologados aquellos acuerdos que establezcan condiciones más beneficiosas para los trabajadores.

Por otro lado, en los casos en que las empresas -en forma unilateral- efectúen presentaciones solicitando la aplicación de suspensiones en el marco del art. 223 bis de la LCT, siempre que éstas se ajusten de forma íntegra a las pautas establecidas en

el acuerdo UIA-CGT y acompañen el listado del personal afectado, se correrá traslado del mismo al sindicato con personería gremial correspondiente para que éste fije posición al respecto, contando para ello la entidad gremial con un plazo de 3 (tres) días, prorrogable por 2 (dos) días. Asimismo, se deja aclarado que, ante el silencio del sector sindical, se entenderá que el mismo ha prestado su conformidad en relación a la presentación efectuada.

Por último, la normativa se refiere a aquellos acuerdos o presentaciones que no se ajusten íntegramente a las pautas establecidas en el acuerdo UIA-CG, disponiendo que tales casos serán sometidos al control de legalidad del Ministerio de Trabajo de la Nación, que deberá analizarlos e indicar las consideraciones que correspondan.

Se adjunta al presente informe copia del acuerdo alcanzado entre la UIA y la CGT con las pautas mencionadas.

La Resolución 397/2020 aquí analizado se encuentra vigente a partir del día de la fecha.

Gratos a cualquier aclaración,

J. P. O’Farrell Abogados – Depto. Derecho Laboral y de la Seguridad Social

Resoluciones N° 39 y N° 40 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Resoluciones N° 39 y N° 40 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Con fecha 30/04/2020 se publicó en el Boletín Oficial de la Nación las Resoluciones N° 39 y N° 40 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.).

Resolución N°39

La nueva norma crea la “Comisión De Condiciones y Medio Ambiente De Trabajo” (CyMAT) en el ámbito de la S.R.T., la que quedará integrada de conformidad con lo establecido en el Anexo IF-2020- 28644471-APN-SRT#MT de dicha resolución.

Asimismo, establece que una vez transcurridos 60 días de la publicación de la presente resolución, se deberá dictar el Reglamento Interno.

Resolución N°40

Establece que en el marco de la emergencia pública sanitaria dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260, y el aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297, y con carácter provisorio hasta tanto se implemente en forma definitiva la “Mesa de Entradas Virtual” de la S.R.T., los trabajadores damnificados o sus derechohabientes podrán llevar a cabo presentaciones de los trámites ante la Comisión Médica Central (C.M.C.) y las Comisiones Médicas Jurisdiccionales (C.M.J.) a través del módulo “Trámites a Distancia” (TAD) del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) aprobado por el Decreto  Nº 1.063, que a continuación se detallan:

  1. Carácter Profesional del coronavirus COVID-19, Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367 y Capítulo II de la Resolución S.R.T. Nº 385.
  2. Divergencia en las Prestaciones, Resolución S.R.T. Nº 1796.
  3. Divergencia en el Alta, Resoluciones S.R.T. Nº 1.8387 y Nº 179/15.

La reciente Resolución establece que, en todos los casos, los trabajadores damnificados o sus derechohabientes deberán dar debido cumplimiento en su presentación a los requisitos de admisibilidad que resulten exigibles para el motivo de trámite de que se trate en conformidad con la citada normativa.

Es importante señalar que mediante la misma también se aprueba el “Protocolo para la Celebración de Audiencias ante el Servicio de Homologación en el Ámbito de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales en Forma Virtual”, que como Anexo IF-2020-28900568-APN-GACM#SRT forma parte integrante de la presente resolución.

En este sentido, el Servicio de Homologación en el ámbito de las Comisiones Medicas Jurisdiccionales podrá llevar a cabo las audiencias previstas por medios electrónicos, mediante videoconferencia u otro medio análogo de transmisión de la voz o de la imagen, siempre que quede garantizada la identidad de los intervinientes y el respeto a los principios que rigen el procedimiento previsto en el Título I, Capítulo II, de la Resolución Nº 2988 de la S.R.T.

El presente informe no debe considerarse como asesoramiento en relación a un tema en particular.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier información adicional y/o consulta con relaciona este tema.

JP O´Farrell Abogados – Departamento de Derecho Ambiental

Resoluciones N° 39 y N° 40 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Resolución N°38/2020 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Con fecha 29/04/2020 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 38/2020 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. La reciente norma aprueba el procedimiento especial de actuación para la declaración del COVID-19 como enfermedad profesional no listada en los términos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20.

Asimismo, establece que en los supuestos de denuncia de una enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 en los términos de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia (D.N.U.) Nº 367, los/las trabajadores/as damnificados/as o sus derechohabientes deberán acreditar ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) o el Empleador Autoasegurado (E.A.) los siguientes requisitos de carácter formal:

  1. Estudio de diagnóstico de entidad sanitaria incluida en el Registro Federal de Establecimientos de Salud (R.E.F.E.S.): El resultado del mismo deberá dar positivo por coronavirus COVID-19 y estar debidamente firmado por profesional identificado y habilitado por la matrícula correspondiente (según artículo 2° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20).
  2. Descripción del puesto de trabajo, funciones, actividades o tareas habituales desarrolladas así como las jornadas trabajadas durante la dispensa del aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 y normas complementarias (según artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20).
  3. Constancia de dispensa otorgada por el empleador en los términos del artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/20 y normas complementarias, emitida con arreglo a las reglamentaciones vigentes, dictadas por la autoridad competente, a los efectos de la certificación de afectación laboral al desempeño de actividades y servicios declarados esenciales (según artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20), y donde conste:

Con fecha 29/04/2020 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 38/2020 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. La reciente norma aprueba el procedimiento especial de actuación para la declaración del COVID-19 como enfermedad profesional no listada en los términos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20.

Asimismo, establece que en los supuestos de denuncia de una enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 en los términos de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia (D.N.U.) Nº 367, los/las trabajadores/as damnificados/as o sus derechohabientes deberán acreditar ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) o el Empleador Autoasegurado (E.A.) los siguientes requisitos de carácter formal:

  1. Estudio de diagnóstico de entidad sanitaria incluida en el Registro Federal de Establecimientos de Salud (R.E.F.E.S.): El resultado del mismo deberá dar positivo por coronavirus COVID-19 y estar debidamente firmado por profesional identificado y habilitado por la matrícula correspondiente (según artículo 2° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20).
  2. Descripción del puesto de trabajo, funciones, actividades o tareas habituales desarrolladas así como las jornadas trabajadas durante la dispensa del aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 y normas complementarias (según artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20).
  3. Constancia de dispensa otorgada por el empleador en los términos del artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/20 y normas complementarias, emitida con arreglo a las reglamentaciones vigentes, dictadas por la autoridad competente, a los efectos de la certificación de afectación laboral al desempeño de actividades y servicios declarados esenciales (según artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20), y donde conste:
    • Nombre o denominación del empleador, Nº de C.U.I.T. y demás datos que permitan su adecuada identificación.
    • Nombre y Apellido, y Nº de D.N.I. del/a trabajador/a.

Por otro lado, la misma establece que las controversias que pudieran suscitarse respecto del cumplimiento de los requisitos formales de la denuncia previstos en el artículo 1º de la presente resolución deberán resolverse con intervención de esta Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.), a cuyos fines el/la trabajador/a su representante podrá llevar a cabo la presentación correspondiente ante el Departamento de Atención al Público y Gestión de Reclamos del Organismo, con arreglo al principio general de informalismo consagrado en el artículo 1° de la Ley N° 19.549.

En cuanto a las presentaciones efectuadas, las mismas serán resueltas dentro de un plazo máximo, improrrogable y perentorio de 48 horas, mediante la opinión técnica vinculante de la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos de esta S.R.T., que, en caso de silencio, implicará la admisibilidad de la correspondiente denuncia.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/20, se entenderá como trabajadores/as de la salud, con carácter meramente enunciativo, al personal médico, de enfermería, auxiliares (entendiéndose por tal camilleros, choferes de ambulancia y de transporte de residuos patológicos, mucamas; personal de limpieza y empresas de saneamiento, incluyendo residuos patológicos), de esterilización, administrativos, de vigilancia, secretarias de servicios, mantenimiento, kinesiólogos, bioquímicos (laboratorio y toma de muestras) y todas aquellas actividades desarrolladas en cumplimiento de tareas asistenciales en los tres niveles de atención (guardia, internación y terapia intensiva), debidamente identificados con arreglo a los Clasificadores Industriales Internacionales Uniformes (CIIU) contenidos en el Anexo de Firma Conjunta IF-2020- 28303075-APN-GP#SRT que forma parte de la Resolución N° 38.

El presente informe no debe considerarse como asesoramiento en relación a un tema en particular.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier información adicional y/o consulta con relaciona este tema.

JP O´Farrell Abogados – Departamento de Derecho Ambiental